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La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera que el Anteproyecto de Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque es positivo, no define lo esencial: establecer un fondo como instrumento de financiación para impulsar la competitividad industrial y la concreción de plazos para ello.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera que el nuevo marco legislativo que plantea el Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado el martes 10 de diciembre por el Consejo de Ministros, “aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencial: definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere nuestro país”, afirma Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. “Desde la Alianza, aspiramos a que estas cuestiones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, subraya.
La Alianza también considera fundamental que las enmiendas al texto cuenten con el máximo consenso posible por parte de las distintas formaciones políticas del arco parlamentario. “Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía”, afirma Reinoso.
Para la Alianza, el propósito y la disposición que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España son positivos, “no obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, corremos el riesgo de que se quede en meras intenciones”, advierte Reinoso.
En esta línea, la Alianza resalta la importancia de articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los PERTE, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria. “Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España”, subraya Reinoso.
La Alianza viene apostando desde hace tiempo por seguir hacia la dirección señalada por Draghi: crear un instrumento basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas. “Es imprescindible dotar financieramente la necesaria transición verde de la industria, tanto en Europa como en España”, opina Reinoso, subrayando la posición de la Alianza al respecto: “Hagámoslo con ‘las cuentas claras’ desde el principio”. Y es que, para atraer e incentivar la inversión a este sector es necesario eliminar las incertidumbres creando un entorno predecible.
Asimismo, la Alianza, que representa el 60% del Producto Industrial Bruto del país, considera que, para impulsar una verdadera reindustrialización de España, el nuevo marco legislativo también debe contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, para evitar introducir más cargas en este sentido. Reinoso, como representante de la Alianza, subraya que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.
La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, la Alianza también cree necesario que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas para la Administración en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
Con todo ello, la Alianza considera determinante que se produzca un amplio consenso entre los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria: “Apelamos a ello, pues es así como el poder legislativo demostraría visión de país sobre el papel que debe jugar la industria en nuestro modelo económico y social”.
