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La Alianza, que representa el 60% de la Producción Industrial Española, valora positivamente el enfoque dado al nuevo marco legislativo, pero considera imprescindible fijar plazos, comprometer recursos financieros y humanos, garantizar la seguridad jurídica y simplificar la burocracia y procesos administrativos para que la industria española sea más competitiva.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera positivo el nuevo marco legislativo que se plantea en el borrador del Anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica presentado la semana pasada por el Ministerio de Industria y Turismo, si bien reclama una mayor concreción en cuanto a las medidas y herramientas con las que deberá materializarse.
Para la Alianza, que representa al 60% del Producto Industrial Bruto de España, es esencial establecer plazos concretos para la implementación de medidas, así como que la futura ley se comprometa a destinar recursos, tanto humanos como financieros.
“Las intenciones que muestra el Gobierno para atraer y establecer grandes proyectos industriales en España es positiva”, valora Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, “no obstante, sin la debida concreción y los recursos necesarios, corremos el riesgo de que se quede en eso, en intenciones”, advierte.
La Alianza considera que para impulsar una verdadera reindustrialización de España, resulta esencial que el nuevo marco legislativo también contemple la simplificación de la burocracia administrativa, “y por supuesto, evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido”, advierte Reinoso quien, como representante de la Alianza, también considera que garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.
La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, desde la Alianza se considera básico que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
Asimismo, y en esta línea, la Alianza considera necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales y la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria.
“Desde la Alianza, aspiramos a que estas alegaciones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, concluye Carlos Reinoso, para quien “una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España”.
